Unas lecciones de desastre.
Un nuevo periodo legislativo empieza. Y un nuevo Gobierno se enfrenta al reto de levantar una economía arruinada (la deuda público-privada equivale a más de tres veces el PIB nacional), implantada en el miedo (el consumo y el crédito privado siguen mostrando cifras de evolución negativas), y acosada por un desempleo (cada vez más estructural) que supera los 5 millones de parados.
Y es precisamente en este momento de cambio cuando debemos sacar las lecciones que el actual desastre nos muestra para no repetir nunca jamás los tremendos errores cometidos. Un estudio recién elaborado para Funcas por Ángel Laborda y María Jesús Fernández ha recopilado la evolución del ahorro privado y público en España desde el año 1985. Y las conclusiones que esas tablas permiten extraer deberían ser grabadas a fuego en la mente de nuestros gobernantes.
Desde 1985 tan sólo a lo largo de tres ejercicios (o cuatro si aceptamos el -0,1%, como un cero técnico a efectos de déficit), nuestras Administraciones Públicas han sido capaces de gastar menos de lo que ingresaban o, al menos, lo mismo. Tan sólo en esos cuatro años (el periodo entre 2004 y 2018), por lo tanto, las cuentas públicas han mostrado lo que, por el contrario, asumen con toda la naturalidad las familias: la prohibición, no legal sino de sentido común, de entrar en números rojos.
Si combinamos esos datos con la evolución de los acontecimientos económicos nos daremos cuenta de que ese periodo de inexistencia de nueva generación de números rojos públicos fue precedido por nada menos que una década entera de crecimiento continuado, una década en la que se marcaron los mayores hitos de creación de empleo, convergencia económica con Europa, y control del gasto y en los que, de hecho, y gracias a estos factores, España consiguió capear sin excesivos problemas el pinchazo de la burbuja tecnológica del año 2000.
A lo largo de esa década se consiguió ir reduciendo paulatinamente el déficit, creando empleo y generando riqueza a ritmos superiores al 3% medio anual. Y todo ello, a pesar de que en el año 1995 el dato de déficit se situaba en el 7,3% del PIB, una cifra que, previsiblemente, no se distanciará demasiado de la que ofrezca nuestra economía a cierre de este año (aderezada con el previsible levantamiento de alfombras).
Es decir, que la reducción del déficit en cerca de casi un punto por año a lo largo de todo ese periodo se logró llevar a cabo, sin que ello implicase una merma en el desarrollo del país y el empleo, sino todo lo contrario. Porque, por mucho que se pretende negar la realidad, el consumo, y por lo tanto el dinamismo económico, sólo se puede reactivar desde la confianza de una población que no teme perder su empleo, no desde el derroche público.
La historia se repite, aunque claramente agravada. El endeudamiento familiar es mayor que en aquel 1995 y la disponibilidad de dinero internacional claramente inferior. Pero ello no debería negar la lección extraída sino hacerla más imperiosa. Especialmente a la vista de que los errores de planteamiento en las políticas económicas -como el gravísimo descontrol del gasto implantado en España en el último mandato- no se solucionan en un año, sino en una década.
Y es precisamente en este momento de cambio cuando debemos sacar las lecciones que el actual desastre nos muestra para no repetir nunca jamás los tremendos errores cometidos. Un estudio recién elaborado para Funcas por Ángel Laborda y María Jesús Fernández ha recopilado la evolución del ahorro privado y público en España desde el año 1985. Y las conclusiones que esas tablas permiten extraer deberían ser grabadas a fuego en la mente de nuestros gobernantes.
Desde 1985 tan sólo a lo largo de tres ejercicios (o cuatro si aceptamos el -0,1%, como un cero técnico a efectos de déficit), nuestras Administraciones Públicas han sido capaces de gastar menos de lo que ingresaban o, al menos, lo mismo. Tan sólo en esos cuatro años (el periodo entre 2004 y 2018), por lo tanto, las cuentas públicas han mostrado lo que, por el contrario, asumen con toda la naturalidad las familias: la prohibición, no legal sino de sentido común, de entrar en números rojos.Si combinamos esos datos con la evolución de los acontecimientos económicos nos daremos cuenta de que ese periodo de inexistencia de nueva generación de números rojos públicos fue precedido por nada menos que una década entera de crecimiento continuado, una década en la que se marcaron los mayores hitos de creación de empleo, convergencia económica con Europa, y control del gasto y en los que, de hecho, y gracias a estos factores, España consiguió capear sin excesivos problemas el pinchazo de la burbuja tecnológica del año 2000.
A lo largo de esa década se consiguió ir reduciendo paulatinamente el déficit, creando empleo y generando riqueza a ritmos superiores al 3% medio anual. Y todo ello, a pesar de que en el año 1995 el dato de déficit se situaba en el 7,3% del PIB, una cifra que, previsiblemente, no se distanciará demasiado de la que ofrezca nuestra economía a cierre de este año (aderezada con el previsible levantamiento de alfombras).
Es decir, que la reducción del déficit en cerca de casi un punto por año a lo largo de todo ese periodo se logró llevar a cabo, sin que ello implicase una merma en el desarrollo del país y el empleo, sino todo lo contrario. Porque, por mucho que se pretende negar la realidad, el consumo, y por lo tanto el dinamismo económico, sólo se puede reactivar desde la confianza de una población que no teme perder su empleo, no desde el derroche público.
La historia se repite, aunque claramente agravada. El endeudamiento familiar es mayor que en aquel 1995 y la disponibilidad de dinero internacional claramente inferior. Pero ello no debería negar la lección extraída sino hacerla más imperiosa. Especialmente a la vista de que los errores de planteamiento en las políticas económicas -como el gravísimo descontrol del gasto implantado en España en el último mandato- no se solucionan en un año, sino en una década.
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