Desalojo de okupas

Se acabó. Las seis familias gitanas que vivían de okupas en un viejo cuartel de la Guardia Civil fueron desalojadas ayer. El antiguo edificio del pueblo de Fuencarral fue tapiado para que no se pueda meter más gente, ante la atenta mirada de los viejos inquilinos y de una treintena de agentes del GRS, los antidisturbios de la Guardia Civil. 

Las familias vivían en el cuartelillo, situado en la calle Isla de Mindanao, desde que el Instituto Armado lo abandonó definitivamente en 1980, tras pasar el pueblo de Fuencarral a ser un distrito de Madrid y quedar las competencias de seguridad en manos de la Policía. Los agentes dejaron de usarlo como cuartel en 1978, aunque continuaron dos años más utilizando las viviendas. 

En aquel entonces se introdujeron varias familias en las antiguas dependencias de los guardias, que a su vez cedieron las viviendas a otras según se iban marchando. 

Desde hace 15 años, y ocho en el menor de los casos, las seis familias desalojadas ayer estaban instaladas en el edificio. El inmueble pertenece a una familia que ahora tiene casi un problema entre sus manos. El edificio, en su día, fue alquilado a la Guardia Civil, y ésta seguía pagando hasta ayer un alquiler a la familia, aunque se trataba de una renta antigua y, por tanto, de una cantidad ínfima. 

El Instituto Armado no pudo dejar de pagar el alquiler porque debía devolver el edificio «libre de cargas». No obstante, no era nada rentable a la familia, porque parece ser que el precio mensual no llegaba a 200 euros por todo el edificio. 

Finalmente, la orden de desalojo llegó ayer, y las seis familias -que entre todas tienen 18 hijos- se instalarán en un hostal a cuenta del Samur Social, que fue al desahucio para ofrecerles amparo durante los primeros días. 

Según explicó Manuel, un pastor evangélico que vivía en el edificio, «unos van a ir a un hostal de Vallecas y otros al distrito de Latina, y luego ya se verá». 

Las familias quieren conseguir un realojo, y lo llevan pidiendo años, según explicó la semana pasada Eva, una de las vecinas de esta zona del distrito de Fuencarral, que conoce a los gitanos desde hace muchos años. 

La asociación cultural Casa de Paz y el gerente de la Unión Romaní Madrid, Mariano González, que también han estado apoyando a los desahuciados, dijeron a este periódico que «a estas familias se les ha aplicado la Ley de los okupas, y sus trámites para conseguir el realojo hasta ahora no han servido de nada». Los gitanos pedían que se les dejara permanecer hasta junio, porque sus hijos van a un colegio cercano, y querían que pudieran terminar el curso sin problemas de adaptación. Sin embargo, su deseo no se ha cumplido. 

La familia propietaria del inmueble había denunciado en numerosas ocasiones la okupación de su propiedad, pero sólo ayer consiguió forzar la salida de los inquilinos. No hubo ningún problema durante el proceso de desahucio, a no ser algunas lágrimas y gritos de pena de las mujeres. 

En un primer lugar se habló de un pacto con el párroco de la zona, pero fuentes del caso dijeron que la Fiscalía había exhortado al cura a que las familias se fueran ayer, porque de lo contrario la parroquia debería correr con los gastos extras generados a partir de este martes. En varias ocasiones anteriores, el sacerdote de la zona, que ha estado ayudando a los okupas, había conseguido paralizar los desalojos. El problema para los propietarios en estos casos fue doble, porque además de seguir sin su edificio, tuvieron que pagar de todas maneras a la cuadrilla contratada para tapiar las casas. 

Pero ahora los dueños se enfrentan a una trampa: el edificio está protegido porque ya tiene más de 100 años, algo que no ocurría cuando se okupó. Se encuentra en muy malas condiciones, pero ya no se puede derribar para construir algo nuevo en el solar, por lo que la única opción, en principio, sería rehabilitarlo e intentar darle algún uso, según explicó ayer un experto en el caso. 

Un aparejador que inspeccionaba el inmueble confirmó ayer que el lugar no va a ser derruido. 

El viejo cuartel de Fuencarral fue edificado con forma triangular, que recuerda al tricornio de los guardias, y dentro del patio interior tenía hasta unas pequeñas cuadras, que también se usaban como vivienda desde hace años. 

Desde que los agentes se marcharon en los años 80, sus condiciones se han ido deteriorando cada vez más. Los operarios contratados por la propiedad taparon ayer con ladrillos todas la ventanas y accesos y además derribaron con mazas las paredes y techos de las viviendas para dejarlas inutilizables. Lo que la semana pasada eran casas limpias, ayer eran montañas de escombros. Para los gitanos comienza una nueva vida, y también para los propietarios del cuartel.